Hace no mucho tiempo, la Caja de Servicios Sociales presentó con bombos y platillos su proceso de «modernización». La gran novedad era una aplicación móvil que, según se anunció, permitiría agilizar trámites, acceder a la credencial digital y facilitar la atención de miles de afiliados en toda la provincia.
La realidad fue muy distinta.
Miles de afiliados tuvieron que descargar la aplicación, registrarse, validar datos y adaptarse a un nuevo sistema que desde sus inicios presentó numerosas fallas. Problemas de acceso, errores en la carga de datos y dificultades para obtener la credencial digital fueron moneda corriente para quienes necesitaban acceder a prestaciones de salud.
Ahora, apenas un tiempo después, la propia Caja informa que la credencial digital deja de tener validez y que los afiliados deberán acreditarse simplemente con el DNI.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto dinero costó desarrollar, implementar, promocionar y mantener una aplicación que hoy queda prácticamente descartada?
¿Cuántos recursos públicos se destinaron a una herramienta que nunca terminó de funcionar correctamente y que ahora es reemplazada por algo tan simple como presentar un documento de identidad?
Resulta llamativo que mientras la provincia atraviesa una profunda crisis económica, salarial y social, se gasten importantes sumas de dinero en proyectos tecnológicos que terminan siendo abandonados en poco tiempo, sin explicaciones públicas sobre los costos, resultados o responsabilidades.
Nadie discute la necesidad de modernizar el Estado. Lo que sí merece ser debatido es la planificación, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.
Porque si después de obligar a miles de afiliados a descargar una aplicación, registrarse y adaptarse a un sistema digital, la solución final termina siendo mostrar el DNI, entonces la pregunta que muchos santacruceños se hacen es simple:
¿Era realmente una modernización o fue otro experimento que terminó pagando la gente?
