Santa Cruz conoce demasiado bien estas imágenes. Las conoce porque ya las vivió. Las conoce porque las sufrió. Y las conoce porque cada vez que la política decidió ignorar los reclamos sociales, la historia terminó de la misma manera: con la provincia paralizada, las calles tomadas por las protestas y una crisis que nadie supo o quiso detener a tiempo.
Hoy las señales vuelven a encenderse.
La multitudinaria marcha policial realizada en Río Gallegos, con un nivel de adhesión que según los propios autoconvocados supera el 90% de los efectivos, no es un hecho aislado. Tampoco es solamente un reclamo salarial. Es la expresión visible de un profundo malestar que atraviesa a gran parte de la administración pública provincial.
Mientras los policías acampan frente a Casa de Gobierno y avanzan con medidas de fuerza inéditas en los últimos años, los docentes continúan con paros, cortes de ruta y movilizaciones. Los trabajadores de salud denuncian salarios congelados. Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo. Y los estatales observan cómo las paritarias se transforman en reuniones eternas donde abundan los discursos y escasean las respuestas.
foto: OPI Santa Cruz
La historia santacruceña enseña que cuando los conflictos comienzan a cruzarse y a retroalimentarse entre sí, el escenario se vuelve peligroso.
Ocurrió en 2007 | Ocurrió en 2011 | Ocurrió en 2012
Y ocurrió nuevamente durante distintas etapas de crisis que marcaron la vida institucional de la provincia.
Aquellos gobiernos aprendieron tarde que subestimar el malestar social suele ser el camino más rápido hacia la pérdida del control político.
La diferencia es que entonces existían interlocutores políticos capaces de sentarse durante horas a negociar, contener y buscar salidas.
Hoy la sensación es otra y el silencio oficial se ha convertido en una política de Estado.
Mientras cientos de policías marchan por las calles, desde Casa de Gobierno no aparecen respuestas concretas. Mientras los docentes cantan «Dale Vidal, abrí la paritaria», la única respuesta es correr las fechas de negociación algunos días más. Mientras las familias estatales reclaman salarios que permitan llegar a fin de mes, la política parece discutir expedientes, tecnicismos y diagnósticos económicos.
Pero la gente no vive de diagnósticos, la gente vive de salarios, y cuando los salarios no alcanzan, la paciencia tiene fecha de vencimiento.
También preocupa el rol de algunos sindicatos que parecen haber cambiado la movilización por la administración de la espera. Organizaciones que durante años convocaban asambleas, plenarios y medidas de fuerza hoy aceptan cuartos intermedios sin respuestas concretas y nuevas fechas de negociación que terminan funcionando como una zanahoria delante de trabajadores cada vez más golpeados.
Mientras tanto, el conflicto crece.
Y crece porque la realidad golpea más fuerte que cualquier relato.
Policías que no llegan a pagar un alquiler.
Docentes que siguen perdiendo contra la inflación.
Trabajadores públicos endeudados.
Jubilados cada vez más lejos de cubrir sus necesidades básicas.
Santa Cruz vuelve a mostrar síntomas que quienes tienen memoria reconocen rápidamente.
Todavía hay tiempo para evitar una crisis mayor.
Pero para eso hace falta algo que hoy parece escasear: decisión política.
Porque cuando las calles empiezan a hablar, los gobiernos que no escuchan suelen terminar escuchando demasiado tarde.
