La crisis política dentro del gobierno de Claudio Vidal sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que el mandatario provincial decidiera desplazar al ministro de Trabajo, Juan Mata, tras la difusión de documentación que expone presuntos cobros simultáneos millonarios mientras ejercía funciones públicas.
La información publicada por El Diario Santa Cruz revela que Mata habría percibido ingresos provenientes del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, de la UOCRA y de la empresa AESA, vinculada al sector petrolero, en forma paralela.
Según los registros difundidos, el entonces ministro cobraba un sueldo de $9.435.937 mensuales dentro del gabinete provincial. A eso se sumaban liquidaciones salariales de AESA por montos de hasta $3.678.354,08 y pagos vinculados a la UOCRA por otros $2.645.334,02.
La suma total de los ingresos, de acuerdo a la documentación publicada, alcanzaría los $15.759.625 en un solo mes.
Además, los registros indican liquidaciones adicionales por cifras superiores a los $4 millones, con períodos trabajados completos de 30 días bajo categoría “P”, mientras Mata ya ocupaba un lugar central dentro del Ejecutivo santacruceño.
El escándalo generó un fuerte impacto político dentro de una gestión que, a más de dos años de haber asumido, continúa atravesada por conflictos internos, reclamos salariales, crisis en distintas áreas del Estado y cuestionamientos sobre la falta de control en la administración pública.
La situación también volvió a poner bajo la lupa el discurso de transparencia impulsado por Claudio Vidal durante la campaña electoral y el inicio de su mandato.
“Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible”, expresó el gobernador al anunciar la salida del funcionario.
Sin embargo, la polémica abrió nuevos interrogantes sobre los mecanismos de control dentro del propio Gobierno provincial y sobre cómo un funcionario de primera línea podía sostener presuntos vínculos laborales y salariales paralelos sin que existieran advertencias previas dentro de la administración.
En distintos sectores políticos y sindicales ya comenzaron a señalar que el caso refleja el desorden interno que atraviesa el Ejecutivo provincial, en medio de una gestión que todavía no logra estabilizar conflictos salariales, reclamos gremiales ni el funcionamiento pleno de distintas áreas del Estado.
