Un fuerte escándalo sacude a la Secretaría de Desarrollo Social de Pico Truncado tras confirmarse una serie de graves irregularidades en el manejo del Programa Tarjeta Social, que derivaron en una denuncia judicial y la cesantía de una funcionaria clave.
La información surge de una respuesta oficial del Poder Ejecutivo municipal a la Resolución N° 002/2026 del Concejo Deliberante, impulsada por el concejal Carlos Morón, donde se detallan inconsistencias en la administración de tarjetas destinadas a sectores vulnerables.
La investigación interna apunta como principal responsable a una jefa del Departamento de Abordaje Territorial, quien tenía a su cargo la custodia, gestión y entrega de los plásticos. Tras detectarse las maniobras, el intendente Pablo Sebastián Anabalón firmó un decreto que dispuso su cesantía por violación de deberes éticos, falta de transparencia y uso indebido de recursos públicos.
El caso salió a la luz a fines de febrero, cuando un vecino denunció que su tarjeta —que aún no había retirado— registraba consumos que él nunca realizó, incluyendo una compra en un comercio local.
A partir de ese hecho, se inició una revisión interna que reveló una situación aún más preocupante: varias tarjetas figuraban como activas en el sistema, pero nunca habían sido entregadas a sus titulares. Sin embargo, esas mismas tarjetas presentaban movimientos y consumos de dinero.
Según se desprende del informe oficial, muchas de estas tarjetas debían encontrarse bajo resguardo en oficinas municipales, lo que refuerza las sospechas sobre posibles maniobras irregulares dentro del área.
Uno de los puntos más sensibles del caso es que, hasta el momento, no se precisó la cantidad exacta de tarjetas involucradas ni el monto total del dinero utilizado, lo que deja abierta la dimensión real del posible desfalco.
Frente a este escenario, el Municipio confirmó que avanzó con una denuncia penal y que la causa ya se encuentra en manos de la Justicia, donde se buscará determinar si hubo más personas implicadas.
Además, se dispusieron cambios en los mecanismos de control. Entre ellos, la incorporación de un nuevo protocolo que obliga a devolver las tarjetas a la provincia si no son entregadas en un plazo máximo de siete días.
También se definieron nuevas pautas administrativas y se reorganizó el área, delegando responsabilidades operativas en otra funcionaria, en un intento por restablecer la transparencia en la asistencia social.
El caso genera fuerte preocupación, ya que los recursos involucrados están destinados a cubrir necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Truncado Informa
