Una paciente trasplantada bipulmonar de Río Gallegos hizo pública una grave denuncia contra la Caja de Servicios Sociales (CSS) y el Gobierno de Santa Cruz por la falta de entrega de medicación esencial, situación que pone en riesgo directo su vida y la continuidad del órgano trasplantado.
Según relató, desde el 25 de noviembre espera la provisión de medicamentos inmunosupresores indispensables —Tacrolimus, Sirolimus y Micofenolato— sin los cuales un paciente trasplantado puede sufrir un rechazo irreversible del órgano. La denunciante es, además, referente del Consejo Asesor del Paciente del INCUCAI, desde donde se le confirmó que no existe ningún problema de fabricación ni de provisión a nivel nacional de estas drogas, desmintiendo los argumentos esgrimidos por la obra social.
La paciente explicó que mantuvo reiteradas reuniones en el Ministerio de Gobierno, donde en dos oportunidades se le pidió “esperar 48 horas” para una supuesta solución que nunca llegó. Incluso, afirmó que el lunes pasado le aseguraron que la medicación “ya venía en camino”, información que hoy fue desmentida: los medicamentos ni siquiera fueron despachados.
“Me preguntaron si había alguna alternativa. ¿Alternativa a qué? Un paciente trasplantado no puede suspender ni modificar su medicación por decisión propia. Si hubiera que hacerlo, debería ser derivada a Buenos Aires para que mi médico de cabecera regule el tratamiento”, expresó con indignación.
El caso reviste una gravedad aún mayor por tratarse de un trasplante bipulmonar, una práctica poco frecuente: en Santa Cruz solo existen dos pacientes trasplantados de pulmones. La denunciante remarcó la dimensión ética del abandono estatal: “Alguien decidió donar para darme vida, y hoy siento que puedo perder ese órgano no por no cuidarme, sino por algo tan básico como no recibir mi medicación”.
La mujer aseguró que le restan apenas dos semanas de tratamiento, y cuestionó duramente la falta de respuestas: “¿Están esperando que tome la última pastilla, que haga un rechazo y me tengan que evacuar de urgencia en un vuelo sanitario?”. En ese sentido, responsabilizó de manera directa a la obra social y al Gobierno provincial ante cualquier consecuencia médica que pueda sufrir.
Actualmente, la paciente se vio obligada a resguardarse en una clínica, ante el riesgo inminente de rechazo. Acompañó su denuncia con un certificado médico que indica de forma explícita que no puede interrumpir bajo ningún punto de vista su medicación.
El testimonio expone una situación límite que no solo afecta a una persona, sino que revela un sistema sanitario y administrativo incapaz de garantizar tratamientos vitales, incluso a pacientes que cumplen con todos los requisitos y aportes mensuales. “Ojalá se informen más, y ojalá nunca les toque vivir lo que estamos pasando muchos. Porque es verdaderamente desesperante”, concluyó.
