La situación en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz se encuentra en un punto crítico tras el robo de armas del Juzgado Provincial N.º 1 de Río Turbio, ocurrido hace unos días, sin respuestas claras ni asunción de responsabilidades por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia. Este hecho ha reavivado el debate sobre la ineficiencia del sistema judicial y la necesidad urgente de reformas estructurales.
El Sindicato de Judiciales de la Provincia solicitó al presidente del TSJ, Dr. Mauricio Mariani, que se instruya el proceso de jury contra la jueza Betina Bustos, a cargo del juzgado involucrado en el robo. Según el gremio, la magistrada habría cometido una grave falta ética al no excusarse de intervenir en una investigación que afecta directamente a su juzgado, donde se señala la pérdida de más de 2.000 kilogramos de cobre y la venta clandestina de armas.
Además, los hechos recientes han destapado una preocupación latente: la percepción de que la justicia en Santa Cruz está influenciada por favores políticos y falta de transparencia. Las designaciones de magistrados suelen responder a decisiones políticas, lo que genera dudas sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial en la provincia.
Reclamos del gremio judicial
El gremio advirtió que la jueza Bustos, al no excusarse, estaría incurriendo en la misma falta que derivó en la destitución del juez de Cámara Diego Lerena por motivos similares. También recordó que, en 2017, un amparo presentado por los Judiciales ya había expuesto suficientes elementos para iniciar un proceso disciplinario contra Bustos, sin que se tomaran medidas efectivas.
En su comunicado, el gremio exige que se instruya un sumario inmediato, se aparte a la jueza de las actuaciones relacionadas con el caso y se adopten medidas disciplinarias. Subrayan que la gravedad institucional de esta situación afecta directamente la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Un problema sistémico
El caso ha puesto de manifiesto lo que muchos en la región consideran un problema sistémico de la justicia provincial: una estructura que, según denuncias, se sostiene por relaciones personales y políticas en lugar de principios de imparcialidad y eficiencia. Esta percepción de inoperancia y complicidad judicial ha llevado a reclamos por una reforma profunda que garantice transparencia, equidad y responsabilidad.
El impacto en la comunidad
La situación ha cobrado un impacto aún mayor al conocerse casos trágicos que algunos asocian al mal accionar judicial. La reciente muerte de una joven en la Cuenca Austral, que habría sido consecuencia de la desprotección judicial, ha generado indignación y renovado los llamados a una justicia más comprometida con la comunidad.
La ciudadanía, los gremios y actores sociales de la región exigen respuestas inmediatas y acciones concretas para restablecer la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, el escepticismo persiste, ya que, como señalan algunos críticos, “todos tienen un muerto en el placard” y eso impide que las reformas avancen.
Mientras tanto, el Sindicato de Judiciales promete seguir denunciando públicamente las irregularidades y defendiendo los derechos de los ciudadanos de la Cuenca Carbonífera.
Por Roberto Carlos Bucarey : desde la Cuenca Carbonífera
