
El gremio de Judiciales participó de una protesta organizada por sindicatos estatales, del Frente Sindical de Santa Cruz y organizaciones privadas, en rechazo a la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), iniciativa impulsada por el gobierno nacional. La sesión en la Cámara de Diputados que iba a tratar este tema fue suspendida, debido a la falta de quórum.
El gremio de Judiciales ya había expresado su postura en la legislatura el pasado 12 de septiembre, advirtiendo que el RIGI pone en peligro el medioambiente y la autonomía provincial sobre los recursos naturales de Santa Cruz. Asimismo, señalaron que el proyecto otorga beneficios impositivos significativos a empresas privadas, lo que afectaría negativamente los ingresos fiscales de la provincia.
Uno de los puntos destacados en la intervención de Judiciales fue la preocupación por la protección de recursos fundamentales, como el agua. En este sentido, recordaron que la provincia vecina de Chubut logró evitar la explotación minera a cielo abierto, mientras que en Santa Cruz esta actividad ha causado serios daños ecológicos. Además, señalaron la irresponsabilidad de YPF, que ha dejado zonas explotadas sin asumir la responsabilidad por los pasivos ambientales generados.
Durante la reunión con diputados del oficialismo, celebrada en la noche del jueves, se acordó trabajar en modificaciones al proyecto y convocar nuevamente a sesión para el 12 de diciembre.
En el mismo encuentro, el gremio de Judiciales expresó su rotundo rechazo al recorte presupuestario al Poder Judicial para 2025, que prevé una disminución del 38% en los recursos. Este recorte afectaría gravemente la prestación del servicio de Justicia, poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema judicial y perjudicando directamente a la sociedad santacruceña. Además, se reclamó contra los recortes en el vademécum, que entraron en vigor el 1 de julio, y se defendió el régimen previsional.