La renuncia de Matilde Morales vuelve a poner en el centro de la escena al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, un organismo que atraviesa un evidente desgaste institucional y que acumula cuestionamientos sobre su funcionamiento, sus decisiones y la conducción política de sus autoridades.
Sería un error analizar esta salida como un hecho aislado. Lo que sucede puertas adentro del organismo exige una revisión mucho más profunda.
La gestión de Castro dejó interrogantes que todavía esperan respuestas. Desde el comienzo de su presidencia hubo cuestionamientos sobre su experiencia, trayectoria y capacidad para conducir una institución de semejante responsabilidad. Hoy, luego de su paso por la presidencia, ocupa una vocalía y sigue pendiente una demostración concreta de compromiso con el aprendizaje y el funcionamiento del organismo.
Pero las preguntas no terminan ahí.
También genera preocupación la participación de una vocal en reuniones de Acuerdo desde Córdoba, incluso desde el ámbito privado de su domicilio, mientras el Tribunal debe garantizar la transparencia, la confidencialidad y el resguardo de información pública de la provincia.
El reglamento contempla la posibilidad de participar virtualmente en hasta dos reuniones de Acuerdo, dentro de un sistema bimodal. Sin embargo, una autorización excepcional no equivale a habilitar una modalidad permanente de trabajo remoto.
Por eso, las preguntas siguen vigentes: ¿quién autorizó esta modalidad de trabajo?, ¿con qué fundamento reglamentario?, ¿qué autoridad habilita el acceso desde Córdoba a información institucional sensible de Santa Cruz?
No son detalles administrativos. Son cuestiones vinculadas con el cumplimiento de las normas, el acceso a información pública y las responsabilidades que implica integrar un organismo de control.
A esto se agregan las recientes designaciones de subjefaturas, sobre las que también se reclaman explicaciones. Distintas versiones señalan que algunas decisiones se habrían tomado sin suficiente transparencia y en medio de negociaciones entre personas vinculadas por relaciones de cercanía.
Es necesario que se conozcan los criterios de selección, los antecedentes evaluados, los mecanismos utilizados y quiénes intervinieron en esas decisiones. ¿Hubo concursos? ¿Se aplicaron criterios objetivos? ¿O se resolvieron mediante acuerdos personales?
Un organismo cuya función es controlar el manejo de los recursos públicos no puede quedar bajo sospecha de funcionar con la lógica de las amistades, los compromisos o los acuerdos entre conocidos.
Y hay otra ausencia que merece ser señalada: la voz de la vocal que representa a la minoría.
¿Dónde está su posicionamiento frente a estas situaciones? ¿Qué planteos realizó sobre la telemedicina y la SAU? ¿Qué observaciones formuló ante las decisiones institucionales que generan preocupación?
Representar a la minoría no significa solamente ocupar una silla. Implica controlar, preguntar, marcar diferencias, exigir explicaciones y defender la transparencia. Cuando esa voz no aparece, también corresponde preguntar por qué.
Mientras tanto, desde afuera pareciera que en el Tribunal de Cuentas todo funciona con absoluta normalidad. Sin embargo, las dudas se acumulan y la institución necesita respuestas públicas.
No se trata de cuestiones personales ni de disputas internas. Se trata de un organismo fundamental para el control del Estado, que tiene la obligación de garantizar independencia, transparencia, idoneidad y responsabilidad.
El Tribunal de Cuentas no puede convertirse en un espacio de privilegios ni en una estructura para resolver compromisos personales. Es una institución pública de Santa Cruz y debe estar a la altura de la responsabilidad que la sociedad le ha conferido.
La renuncia de Matilde Morales debería ser una oportunidad para revisar lo que está sucediendo, aclarar las decisiones tomadas y recuperar la institucionalidad.
Porque cuando quienes deben controlar no dan explicaciones, cuando las reglas parecen aplicarse de manera diferente y cuando el silencio reemplaza a la representación, la pregunta ya no es solamente quién renuncia.
La verdadera pregunta es: ¿quién se está haciendo cargo del Tribunal de Cuentas?
