Con la reactivación de la actividad legislativa, la diputada provincial María Agostina Mora presentó un proyecto orientado a ordenar las deudas previsionales de los gobiernos locales y, al mismo tiempo, evitar que las retenciones sobre los recursos municipales afecten el funcionamiento cotidiano de las localidades de Santa Cruz.
“Las deudas se tienen que pagar, pero el costo no puede recaer sobre los santacruceños”, sostuvo Mora, quien advirtió que una retención de fondos realizada sin diálogo ni acuerdo puede comprometer el pago de salarios, la prestación de servicios y la capacidad de respuesta de los municipios y comisiones de fomento.
La iniciativa no elimina las obligaciones previsionales ni plantea que los municipios dejen de cumplir con la Caja de Previsión Social. El objetivo es establecer un período de regularización que permita ordenar las deudas mediante reglas claras, plazos definidos y condiciones que puedan ser efectivamente cumplidas.
Suspensión de retenciones y moratoria
El proyecto propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 las retenciones sobre los recursos municipales previstas en el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782.
Durante ese período se plantea establecer una moratoria para regularizar las obligaciones pendientes, junto con la suspensión de intereses, multas y recargos.
Además, la propuesta contempla contabilizar los recursos municipales que ya fueron retenidos por el Gobierno provincial y establece un plazo de 30 días para avanzar en un nuevo esquema de distribución y cumplimiento de las obligaciones previsionales.
Una mesa entre Provincia y municipios
La iniciativa también propone abrir una instancia formal de diálogo entre las partes involucradas. Para ello, se plantea convocar a representantes del Gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento, con el objetivo de alcanzar un mecanismo consensuado que permita regularizar las deudas sin comprometer los recursos necesarios para el funcionamiento de las comunidades.
Desde el planteo de Mora, la discusión pasa por encontrar un mecanismo que permita cumplir con las obligaciones previsionales sin trasladar el costo del conflicto a los vecinos, especialmente cuando los recursos municipales son necesarios para sostener salarios, servicios y políticas públicas.
La propuesta busca así establecer un nuevo esquema de regularización que permita ordenar las cuentas previsionales y, al mismo tiempo, preservar la capacidad financiera de los gobiernos locales.
