En el mismo día en que millones de argentinos siguen con expectativa el debut de la Selección Nacional, el Gobierno de Javier Milei oficializó un decreto que modifica profundamente los mecanismos de control y participación ciudadana en la designación de jueces, fiscales y miembros de la Corte Suprema.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 467/2026, elimina herramientas de transparencia que durante más de dos décadas permitieron conocer el patrimonio de los candidatos, realizar observaciones públicas e incluso impugnar postulaciones antes de que llegaran al Senado.
Entre los cambios más cuestionados se encuentra la eliminación de la instancia de participación ciudadana, la reducción de los requisitos de publicidad de los antecedentes de los candidatos y la flexibilización de los controles patrimoniales y fiscales.
La decisión generó fuertes críticas de sectores judiciales, organizaciones civiles y especialistas en transparencia institucional, quienes advierten que el nuevo esquema concentra aún más poder en el Ejecutivo y reduce los mecanismos de control sobre quienes deberán resolver causas vinculadas a corrupción, narcotráfico, trata de personas y conflictos de enorme impacto político y económico.
La polémica adquiere una dimensión aún mayor porque la modificación se produce en momentos en que el Gobierno busca avanzar nuevamente en la cobertura de las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia.
Para muchos observadores, el momento elegido para publicar el decreto tampoco es casual. Mientras la atención pública está enfocada en el fútbol y el debut de la Selección Argentina, el Gobierno avanzó con una reforma que modifica reglas centrales del sistema judicial argentino.
Los críticos sostienen que la medida representa un retroceso institucional y comparan la iniciativa con mecanismos de concentración de poder que la propia democracia argentina intentó corregir tras experiencias traumáticas del pasado.
El debate ya está abierto: mientras millones de argentinos miran la pelota, la discusión sobre quién controlará a quienes imparten justicia vuelve a ocupar el centro de la escena política nacional.
