La Cámara de Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y el debate dejó intervenciones que expusieron con crudeza la dimensión social de la medida. Entre ellas, la del diputado nacional por Santa Cruz Juan Carlos Molina (Unión por la Patria), quien cuestionó con firmeza el proyecto y dejó planteada una pregunta que atravesó todo su discurso.
“¿Qué nos está pasando como sociedad?”
Molina sostuvo que el Congreso priorizó discutir cómo encarcelar adolescentes en lugar de abordar las causas estructurales que atraviesan a miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad. “¿Qué nos pasa que estamos debatiendo cómo meter presos a los pibes y no cómo mejorar la educación? ¿Cómo no estamos discutiendo que en muchas provincias ni siquiera completamos el calendario escolar?”, expresó ante el recinto.
El legislador santacruceño enumeró deudas históricas que, a su entender, deberían ocupar el centro de la agenda pública. Habló de salarios insuficientes para docentes, médicos y trabajadores de salud mental, del crecimiento del empleo informal, de la falta de infraestructura deportiva en los barrios y de la ausencia de políticas de prevención sostenidas. “¿Cómo estamos discutiendo pibes que puedan ir presos y no pibes que puedan ir a la universidad?”, insistió.
También cuestionó la debilidad de las políticas frente a los consumos problemáticos y reclamó un fortalecimiento real de la Sedronar en todo el país. Advirtió que en muchas provincias no existen dispositivos adecuados para acompañar a adolescentes en riesgo. “No tenemos lugares donde llevar a nuestros pibes y pibas cuando están en consumo”, sostuvo.
Durante su intervención respondió al argumento de que bajar la edad de imputabilidad reduciría la violencia. Citó estudios y datos regionales que muestran que en países donde se adoptaron esquemas más punitivos no disminuyeron los niveles de violencia juvenil. La experiencia comparada, señaló, no avala que el endurecimiento penal sea una solución eficaz.
Uno de los tramos más contundentes fue cuando advirtió sobre el sesgo social del sistema penal. “¿Saben quiénes van a ir en cana? Los pobres”, afirmó. Sostuvo que el sistema rara vez alcanza con la misma intensidad a jóvenes que cuentan con respaldo económico y redes familiares consolidadas. Recordó las visitas de Jorge Bergoglio a las cárceles y citó una frase atribuida al actual Papa Francisco para graficar esa desigualdad estructural.
Molina también apuntó contra el avance del narcotráfico y el narcomenudeo en barrios populares. Señaló que el problema de fondo es el consumo problemático, la exclusión y la ausencia del Estado. “Los pibes consumen, venden y delinquen porque nosotros, como Estado, estamos ausentes”, afirmó. Advirtió que, con la baja de imputabilidad ya aprobada, las organizaciones criminales podrían recurrir a niños aún más pequeños para eludir responsabilidades penales.
Cuestionó además la viabilidad material de la reforma. Muchas provincias atraviesan crisis presupuestarias y no cuentan con infraestructura ni equipos especializados para sostener un régimen penal juvenil adecuado. “Gobernadores, no va a haber plata para esto”, lanzó. Sobre la reinserción social, planteó dudas concretas acerca de las condiciones reales para garantizar acompañamiento y oportunidades a adolescentes que egresen de un sistema de encierro.
La aprobación del proyecto dejó en evidencia una orientación política clara. Para Molina, el camino elegido privilegia la respuesta punitiva frente a la inversión social y la prevención. La ley ya fue votada, pero la discusión no se clausura con un tablero electrónico. La pregunta que sobrevuela es qué resultados concretos traerá esta decisión y quién asumirá la responsabilidad si la criminalización temprana no reduce la violencia ni mejora la vida en los barrios.
La intervención del diputado santacruceño quedó como una advertencia en medio de una votación que marca un cambio de rumbo. El tiempo dirá si el endurecimiento penal responde a la demanda de seguridad o si termina profundizando las desigualdades que dice combatir.
