La trama de corrupción que rodea a Karina Milei, el entorno presidencial y ahora al gobernador Claudio Vidal sacude a todo el país y golpea de lleno a Santa Cruz. Lo que comenzó como un escándalo mediático por audios filtrados hoy se confirma en sede judicial: Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario, ratificó ante la Justicia que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Spagnuolo, le había contado los mismos detalles que aparecen en las grabaciones que destapan el esquema de coimas y retornos.
Pero lo que para algunos era un problema nacional, hoy tiene consecuencias locales gravísimas. Los audios filtrados mencionan directamente al gobernador Claudio Vidal y a un diputado provincial de su entorno, quienes habrían facilitado “todas las manos” legislativas necesarias para garantizar el avance de la agenda de Milei en el Congreso, mientras en la provincia se ejecutaban contratos millonarios con las mismas empresas implicadas en el escándalo.
LOS NÚMEROS DE LA VERGÜENZA
Desde que Vidal asumió como gobernador, Santa Cruz pagó 46 MIL MILLONES DE PESOS a la droguería Suizo Argentina, investigada por su rol en el presunto pago de coimas a Karina Milei y los Menem. Los datos oficiales de la Dirección de Rendición de Cuentas y de Tesorería Provincial no dejan lugar a dudas:
Más de $15.000 millones en 2024.
Otros $26.000 millones entre enero y agosto de este año.
En junio, los pagos crecieron un 1.090%, mientras la Caja de Servicios Sociales (CSS) eliminaba la mitad del vademécum y dejaba a miles de afiliados sin medicamentos esenciales.
La magnitud del gasto es escandalosa: Santa Cruz llegó a comprarle a esta empresa el 40% de lo que adquiere la Provincia de Buenos Aires, a pesar de que la Caja de Servicios Sociales tiene apenas 120.000 afiliados entre titulares y adherentes, una cantidad 141 veces menor a los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
SALUD EN CRISIS, NEGOCIOS EN ALZA
Mientras las compras a Suizo Argentina se disparaban, las prestaciones de la CSS se redujeron al mínimo y los afiliados padecieron la falta de medicamentos. La decisión de continuar con estos contratos contó con el aval del presidente de la Caja, Sergio Pérez Soruco, y del vocal por el Ejecutivo, Hernán Kustich, mano derecha de Vidal y abogado de la mutual de los petroleros. Kustich, además, aparece involucrado en operaciones políticas como el pedido de juicio político contra Paula Ludueñá, la jueza que investigaba irregularidades en la provincia.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Este no es un simple error administrativo: es un sistema de negocios montado sobre la salud de los trabajadores estatales. Mientras los afiliados no consiguen sus medicamentos y los hospitales están desabastecidos, el gobierno de Vidal sostiene contratos millonarios con una farmacéutica sospechada de pagar coimas al poder central.
EL SILENCIO DEL GOBERNADOR
En lugar de dar explicaciones públicas, Vidal pasa días enteros en la residencia de El Calafate, lejos de Río Gallegos, mientras la crisis sanitaria y política crece. La falta de transparencia y el silencio oficial no hacen más que confirmar lo que los números ya muestran: la salud pública quedó relegada para sostener acuerdos políticos y negocios privados.
MENSAJE CLARO A LA SOCIEDAD
Los responsables de esta situación son los que gobiernan hoy. No se trata del pasado, ni de herencias: es la gestión actual la que elige reducir prestaciones, eliminar medicamentos y transferir miles de millones de pesos a empresas señaladas por corrupción.
Los trabajadores, jubilados y afiliados de la CSS merecen saber en qué se gasta su dinero y por qué la provincia compra a precios escandalosos mientras ellos no reciben atención.
Este escándalo no se tapa con discursos. Las pruebas están, los números son oficiales y el silencio del gobierno es cómplice.
