Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra haber ejecutado más de 100 reformas en tiempo récord, los efectos concretos de ese plan de ajuste comienzan a sentirse con crudeza en todo el país. Lejos de castigar a una supuesta «casta», las políticas libertarias vienen desmantelando el Estado y atacando directamente los derechos, la salud, la educación y el futuro de millones de argentinos.
“La destrucción es total”, sintetizan desde el bloque de diputados de Unión por la Patria, que esta semana recibió a médicos residentes, afectados por las últimas decisiones del Ejecutivo nacional. Denuncian precarización laboral por decreto, desfinanciamiento en hospitales y un retroceso sin precedentes en materia de salud pública.
Y se suma a decenas de decisiones que implican un retroceso en derechos adquiridos, despidos de trabajadores y el peligro de dejar a la población desprotegida en un sinfín de áreas que atraviesan todos los aspectos de la ciudadanía:
- Disolución del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares
- Transformación del Instituto Nacional del Cáncer
- Precarización de los residentes médicos
- Desfinanciamiento del sistema público de salud en todo el país
- Privatizaciones: Intercargo SAU, Corredores Viales S.A., Energía Argentina S.A.
- Transformación de YCRT
- Desfinanciamiento educativo
- Disolución del Fondo de Incentivo Docente
- Derogación de la Ley Ovina
- Desregulación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional
- Transformación del INTI y el INTA
- Modificación de la Ley Nacional de Turismo
- Fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
- Transformación de distintos organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Sanmartiniano, el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, la CONABIP
- Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos
- Fusión del Museo de Sitio ESMA con el Archivo Nacional de la Memoria
- Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad
- Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Todo esto ocurrió en el marco de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Ejecutivo y que acaban de caducar, dejando al Gobierno sin su principal herramienta para imponer reformas por decreto.
“La pregunta que queda es si el Congreso va a seguir siendo cómplice o si, finalmente, los legisladores se van a poner del lado de la gente”, advirtieron desde la oposición. “Podemos rechazar los decretos que firmó Milei, pero hace falta decisión política”, remarcaron, en clara alusión a los sectores que votaron a favor de la Ley Bases y ahora comienzan a cuestionar sus consecuencias.
El clima es tenso. Esta semana, el Senado se prepara para una sesión clave donde se tratarán varios proyectos sensibles: aumentos jubilatorios, emergencia en discapacidad y moratoria previsional. El oficialismo ya adelantó que, de aprobarse, el Presidente vetará todo.
Sin las facultades delegadas, Milei deberá negociar con un Congreso fragmentado, donde La Libertad Avanza solo tiene 6 de 72 senadores, y donde los gobernadores —muchos de ellos enfrentados al modelo nacional— ya se organizan para recuperar recursos perdidos.
Mientras tanto, los efectos del ajuste no se detienen. El dólar sigue subiendo, el Riesgo País se mantiene elevado, y las señales de la economía real son alarmantes: caída del consumo, parálisis de obras públicas, crisis en el sistema científico y pérdida de poder adquisitivo.
Y en medio de este escenario, desde el Gobierno insisten en que están “inventando el ajuste popular”, como declaró el propio Milei en un acto reciente, al sostener que “destrozaron el mito de que ajustar es impopular”.
La oposición, los trabajadores y gran parte de la sociedad no opinan lo mismo: la destrucción no es abstracta ni técnica, es concreta y tiene rostro. Y es el de miles de familias que hoy ven cómo sus derechos, sus oportunidades y su futuro son sacrificados en nombre de un plan económico que solo beneficia a unos pocos.
Editorial, por Notidiario 24
