La presidenta del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Gabriela Castro, presentó un informe ante la Legislatura provincial en el que advierte sobre “graves irregularidades” en el funcionamiento del organismo durante los últimos años. El documento, calificado como “alarmante”, detalla demoras en resoluciones, falta de auditorías, expedientes paralizados y restricciones de acceso a la información.
Según se informó oficialmente desde el Gobierno provincial y la Cámara de Diputados, el informe ingresó formalmente al Poder Legislativo y fue compartido por el vicegobernador Fabián Leguizamón. En él, Castro también alertó sobre la imposibilidad de tomar decisiones urgentes debido a la falta de mayoría interna en el Tribunal.
El comunicado oficial señala que actualmente dos de las tres vocalías correspondientes al Ejecutivo están ocupadas por Matilde Morales y Romina Gaitán, designadas en 2017 durante la gestión de Alicia Kirchner. En tanto, la vocal por la primera minoría política, Karina Sául, fue nombrada en 2023 y es esposa del exvicegobernador Pablo González.
Entre los datos más relevantes, se detalla que en la Vocalía de Entes Municipales (a cargo de Gaitán) existen 146 juicios de cuentas en trámite y que 79 expedientes iniciados entre 2020 y 2023 aún no fueron resueltos. Además, ningún municipio presentó la rendición correspondiente al ejercicio 2023.
En la Vocalía de Empresas del Estado (bajo la responsabilidad de Morales), un 22% de los expedientes no figura en el sistema de gestión, con casos que datan incluso de entre 2014 y 2016.
Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se adelantó que se impulsarán acciones legislativas para abordar estas falencias, al considerar que representan una grave falla en los mecanismos de control del gasto público.
Por su parte, la Secretaría de Medios del gobierno provincial subrayó que la titular del Tribunal consideró que este escenario de abandono es “una consecuencia directa de decisiones tomadas por los propios miembros del organismo, quienes, con negligencia y morosidad en sus funciones, han transformado al Tribunal de Cuentas en una institución que solo aparenta cumplir su rol de control sobre el Estado”.
