En medio de un clima político cada vez más tenso, el gobernador Claudio Vidal avanza sin disimulo sobre los pilares de la república provincial. Lo hace con la complacencia de una Cámara de Diputados funcional y un Poder Judicial alineado, consolidando un esquema de control que amenaza la independencia de los organismos constitucionales.
La reciente iniciativa conocida como “Ley Sosa”, que pretende reinstaurar la figura del Procurador General en el Poder Judicial de Santa Cruz, es la muestra más visible de ese avasallamiento.
El proyecto —que se impulsa a toda velocidad, sin debate público ni consulta técnica— fue duramente cuestionado por Lisandro De La Torre, fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, y Romina Saúl, defensora general. Ambos advirtieron que la norma concentra facultades en una sola figura y rompe el equilibrio de la división de poderes, al punto de permitir que una misma persona pueda tener injerencia sobre la acusación, la defensa y hasta la subrogancia del propio Tribunal Superior.
“La concentración de facultades dentro de una misma figura genera un retroceso institucional casi sin precedentes”, alertó De La Torre, dejando en claro lo que muchos dentro del sistema judicial piensan, pero pocos se animan a decir.
Un poder que se cierra sobre sí mismo
La “Ley Sosa” no surge de un debate democrático ni de una necesidad institucional. Es, en cambio, una maniobra política para disciplinar a los ministerios públicos y reconstruir un control vertical del Poder Judicial. Como explicaron los propios funcionarios judiciales, la norma “amenaza la autonomía funcional y financiera” de los Ministerios Públicos de la Defensa y de la Fiscalía, reconocida por la reforma constitucional de 1994.
El atropello no es nuevo. En los últimos meses, el gobierno provincial forzó designaciones judiciales sin respetar procedimientos, juraron jueces en condiciones irregulares y se avanza con leyes exprés que modifican estructuras enteras del Estado sin participación ciudadana ni dictámenes técnicos. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de una Legislatura convertida en escribanía y un Tribunal Superior que responde al poder político antes que a la Constitución.
Un retroceso institucional sin precedentes
La “Ley Sosa” revive un modelo judicial arcaico, que concentra poder en lugar de distribuirlo, y que erosiona los mecanismos de control y transparencia. La defensora general Romina Saúl fue clara al señalar que se trata de un retroceso grave:
“Abandona la denominación de defensores públicos oficiales, afecta la ley de órganos de revisión y revive un modelo pupilar que está derogado. Esto es un retroceso grave para la defensa de los derechos humanos y para el acceso a la justicia en Santa Cruz”.
El mensaje es inequívoco: Santa Cruz está frente a un nuevo intento de sometimiento institucional, donde los resortes de control y contrapeso quedan en manos del Ejecutivo, y los jueces que deberían defender la legalidad se pliegan al poder político.
El silencio que duele
Lo más preocupante no es solo la iniciativa en sí, sino el silencio de quienes deberían reaccionar. Colegios de abogados, gremios judiciales, partidos políticos y buena parte de la sociedad parecen haber naturalizado que la independencia judicial es una variable negociable.
El avasallamiento institucional se disfraza de reforma técnica, y el discurso del “orden y la eficiencia” es la excusa perfecta para centralizar poder y eliminar toda disidencia interna.
La historia santacruceña ya conoce los efectos del personalismo y de los proyectos políticos que se creen dueños del Estado. La diferencia, esta vez, es que el avance es más veloz y el contexto más frágil.
Si no hay reacción institucional ni social, la provincia corre el riesgo de quedar bajo un esquema de poder absoluto, donde los tres poderes ya no dialogan, sino que obedecen una sola voz.
Acá podes ver la conferencia, fuente LOA:
