PUERTO SANTA CRUZ. — La situación en la Municipalidad de Puerto Santa Cruz escaló a niveles críticos. Trabajadoras municipales denuncian persecución política, maltrato institucional y despidos arbitrarios por parte del intendente Juan Manuel Bórquez (SER), mientras los sindicatos SOEM (Pto. Santa Cruz) y ATE de Carlos Garzon brillan por su ausencia, dejando a los empleados en total desprotección.
El conflicto se agudizó tras la cesantía de la trabajadora Rocío Santana, quien llevaba 14 años de servicio en planta permanente y denunció haber sido despedida por negarse a continuar apoyando políticamente al jefe comunal. “Nosotras estamos luchando por un sueldo digno desde el año pasado y no recibimos respuestas. Cada vez que reclamamos, el intendente nos manda a la policía o impone la conciliación obligatoria”, relató una trabajadora a este medio.
El reclamo, que incluye un paro de 72 horas decretado por el SOEM, se originó como respuesta a una persecución política e ideológica que derivó en el despido de Santana. Según la denuncia, la trabajadora fue desplazada de su área sin causa y finalmente cesanteada sin que se respetaran los pasos legales que exige el Estatuto Municipal, como el sumario administrativo y la intervención de la Comisión Paritaria Laboral (COPARL).
“Me dejaron sin trabajo sin respetar mi derecho a defensa. Fue una represalia porque ya no apoyaba su gestión”, expresó Santana, quien además planteó que su caso constituye un hecho de violencia de género y abuso de poder, al haber sido sancionada por manifestar una opinión política diferente a la del intendente.
Un municipio que reprime en lugar de dialogar
Las trabajadoras aseguran que cada intento de reclamo es respondido con represión policial y hostigamiento. “Cada vez que vamos al municipio con el gremio, nos espera la policía. Cuando paramos, nos imponen la conciliación. Es violencia institucional pura”, denunciaron.
El enojo también se dirige hacia los gremios. “El SOEM no está actuando como debería; rogamos constantemente su apoyo, pero no se involucran. Todos somos afiliados, nos descuentan una cuota gremial, y aun así nos dejan solos. ATE, directamente, brilla por su ausencia”, remarcaron las trabajadoras, apuntando al abandono sindical generalizado que atraviesa la provincia.
En ese contexto, el conflicto de Puerto Santa Cruz no es un hecho aislado: forma parte de un mapa de crisis municipal en toda Santa Cruz, donde los trabajadores reclaman sueldos dignos y paritarias reales. En n Los Antiguos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y otras localidades, las medidas de fuerza se multiplican frente al “cepo salarial” que —según los municipales— el gobierno de Claudio Vidal sostiene junto a intendentes de todos los signos políticos.
El “pacto de paz” y la complicidad sindical
El malestar se extiende también hacia la conducción provincial de los gremios, a quienes acusan de connivencia con el poder político. “Este silencio tiene nombre y apellido: el pacto de paz de Carlos Garzón con el gobierno de Vidal. Mientras los intendentes reprimen y despiden, los sindicatos callan”, señalaron fuentes gremiales disidentes.
La falta de representación real ha empujado a las y los trabajadores a organizarse por su cuenta. “Esta movida fue gracias a un grupo de afiliados que nos pusimos la lucha al hombro. El sindicato no hace nada, pero nosotros no vamos a bajar los brazos”, enfatizaron.
Entre la persecución y la miseria salarial
El reclamo salarial sigue siendo otro eje del conflicto. En Puerto Santa Cruz, un módulo 4 —el más bajo— cobra 380 mil pesos, cifra que no alcanza ni para cubrir un alquiler o los servicios básicos. “Hay compañeros sin luz, sin gas, con deudas impagables y familias con hambre. Somos indigentes en un pueblo olvidado por el gobernador y el intendente”, resumieron las trabajadoras.
Pese a todo, la lucha continúa. “Nos tratan de violentas, pero los violentos son ellos. No rompimos nada, no amenazamos a nadie. Lo único que pedimos es respeto y que el intendente haga su trabajo”, señalaron desde el acampe frente al municipio.
Mientras tanto, el caso de Rocío Santana avanza en la justicia. La empleada confía en que las pruebas presentadas demostrarán que su despido fue “arbitrario, ilegítimo y persecutorio”.
Una provincia en silencio
La situación en Puerto Santa Cruz se suma a una serie de conflictos municipales que evidencian el mismo patrón: salarios congelados, represión sindical, precarización y abandono estatal. “Los intendentes, más allá de su color político, coinciden con Milei y Vidal en aplicar un verdadero cepo al salario”, denuncian los trabajadores, que exigen un paro provincial de municipales y la reincorporación inmediata de todos los despedidos.
En palabras de una de las manifestantes:
“Nos quitaron mucho, pero no nos quitaron las ganas. Aprendimos, resistimos y seguimos soñando. La lucha sigue, porque la dignidad no se negocia”.
