
El presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, participó este miércoles de la sesión ordinaria de la Legislatura provincial, donde brindó precisiones sobre el funcionamiento del sistema de compras de la obra social, respondió consultas de los diputados y se refirió a la situación financiera de los municipios con deuda.
“El sistema de compras de la Caja es transparente y está auditado desde el momento cero”, sostuvo Pérez Soruco, al remarcar que la gestión de medicamentos de alto costo se realiza bajo estrictos controles médicos, farmacéuticos y administrativos.
El funcionario explicó que el proceso de compra “se inicia con una auditoría médica y farmacéutica que determina la necesidad, la monodroga y la dosificación, y luego se realiza la adquisición al menor precio disponible”. Aseguró además que la CSS trabaja con nueve droguerías proveedoras, entre ellas Suizo Argentina, “una de las empresas que forman parte del sistema, pero no la única”.
“No hay nada que ocultar. Todo está sujeto a control y auditoría. La Caja compra siempre al mejor precio y con los procedimientos establecidos”, subrayó.
Pérez Soruco también respondió a las comparaciones con otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires: “No se puede comparar un sistema con otro. Cambia la logística, la distancia, la cadena de frío y los volúmenes de compra. Santa Cruz tiene un esquema completamente distinto”.
En otro tramo de su exposición, se refirió a la deuda que mantienen distintos municipios con la obra social y al impacto sobre los trabajadores.
“Hay comunas que no tienen voluntad de pago ni acercamiento para resolver la situación. El perjudicado es siempre el afiliado, que cumple con su parte y no ve reflejados sus aportes”, expresó.
Aun así, garantizó que la Caja sostiene la cobertura de los empleados municipales: “Actuamos de forma responsable para no afectar la atención, incluso en los casos de Río Gallegos, La Cuenca, Calafate y otros municipios que mantienen deudas”.
Finalmente, el titular de la CSS pidió fortalecer la articulación entre los poderes del Estado.
“Cuando se sancionan leyes que impactan en el sistema de salud, es importante hacerlo de manera coordinada con las instituciones involucradas, para evitar medidas que no sean viables o sostenibles”, concluyó.