Luego de la audiencia de partes realizada este lunes en la Sala IV de la Cámara de Casación, se espera que la próxima semana se conozca la resolución sobre qué tribunal será el encargado de llevar adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La definición no solo determinará el lugar donde se juzgará a los acusados, sino también el ámbito en el que se analizarán las responsabilidades políticas del caso, que alcanzan al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada Marcelo Srur.
Actualmente, la causa tramita en la Justicia Federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Sin embargo, uno de los querellantes, Luis Tagliapietra, solicitó que el juicio se desarrolle en los tribunales federales de Mar del Plata, ciudad desde donde el submarino zarpó el 25 de octubre de 2017 rumbo a Ushuaia. A este pedido adhirieron el fiscal Julio Zárate y las defensas de Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Javier Villamide.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó el traslado del expediente, argumentando que fue la primera jurisdicción en intervenir y que corresponde mantener la causa en su competencia.
La voz de las familias
En diálogo con un medio local, la abogada querellante Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares de los tripulantes, adelantó que la resolución final se conocerá la próxima semana.
“Participamos de la audiencia junto al fiscal general y los defensores. No asistieron ni la defensora oficial de dos imputados ni el querellante individual, Luis Tagliapietra, quien planteó la incompetencia”, detalló.
Carreras insistió en su postura de que el juicio debe permanecer en Santa Cruz:
“Tenemos plena confianza en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. En la Patagonia prevalece la igualdad ante la ley, sin distinciones por apellidos o contactos políticos. Si el juicio sale de Santa Cruz, pierden los familiares y pierde la verdad”.
Antecedentes de presión judicial
La abogada recordó los antecedentes vinculados al espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan, durante el gobierno de Macri. En aquel caso, iniciado por la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, la causa comenzó en Mar del Plata pero fue trasladada a Dolores, donde el juez Martín Bava llegó a procesar al expresidente. Sin embargo, la Cámara de Casación intervino poco después y quitó todos los expedientes al magistrado.
Carreras apuntó directamente contra algunos jueces de la capital federal:
“Los jueces capitalinos involucrados, conocidos por su afinidad con los poderosos, han demostrado una parcialidad alarmante. En Comodoro Py no se toman decisiones técnicas ni jurídicas, sino políticas. Por eso, no podemos caer en esa jurisdicción, la misma que sobreseyó a Macri en el espionaje y consideró a las madres, hermanas y esposas de los tripulantes como un peligro para la seguridad presidencial”.
Finalmente, la letrada advirtió que un eventual traslado de la causa sería un retroceso doloroso para las familias:
“Si el juicio termina en Buenos Aires, sería un déjà vu trágico. Confiamos en que la Cámara ratifique la competencia de los tribunales federales de Río Gallegos, donde aún creemos en la justicia independiente”.
