El diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria) presentó en la Legislatura de Santa Cruz un proyecto de ley de “Tolerancia Cero al Consumo de Drogas en la Función Pública”, que establece la realización de exámenes toxicológicos aleatorios y periódicos para todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La iniciativa, registrada como Proyecto N° 517, tomará estado parlamentario en la próxima sesión.
Alcance de la propuesta
El proyecto incluye a autoridades electas –gobernador, vice, diputados, intendentes y concejales– y a funcionarios de designación política de todas las áreas de gobierno. El objetivo, según Godoy, es “garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”.
En paralelo, en Pico Truncado, el concejal Carlos Morón presentó una iniciativa similar para aplicar estos controles a autoridades municipales y electas.
Cómo serán los controles
La norma prevé que los estudios se realicen en matrices biológicas (principalmente orina) para detectar consumo de alcohol, marihuana, cocaína y derivados, opiáceos, anfetaminas y drogas sintéticas. Para resguardar la validez de las pruebas, cada muestra será dividida en dos frascos:
- Frasco A: análisis inicial.
- Frasco B: queda sellado y bajo cadena de custodia para una eventual contraprueba solicitada por el interesado dentro de las 72 horas posteriores a la notificación.
Solo podrán intervenir laboratorios privados acreditados, asignados por sorteo, y las pruebas deberán realizarse bajo protocolos que aseguren identidad, intimidad y trazabilidad.
Sanciones y procedimiento
En caso de un resultado positivo confirmado, el funcionario podrá solicitar la contraprueba del frasco B. Si se ratifica, el proyecto establece:
- Remoción automática del cargo para personal no electivo, con acceso prioritario a programas de tratamiento.
- Comunicación al órgano legislativo en el caso de autoridades electas, para evaluar una suspensión de mandato.
- Sanciones sin goce de haberes y apartamiento preventivo de 90 días en caso de reincidencia dentro del mismo período de gestión.
El debate que se viene
La iniciativa será girada a comisiones para recibir dictámenes técnicos del Ministerio de Salud y Ambiente, autoridad de aplicación prevista. Desde el oficialismo destacan que la medida busca recuperar la confianza ciudadana y garantizar que quienes toman decisiones lo hagan en condiciones plenas. Sin embargo, la propuesta podría generar debate sobre privacidad, garantías constitucionales y proporcionalidad de las sanciones, especialmente en relación con los tests aleatorios y el cese automático de funciones.
El tratamiento parlamentario de este proyecto promete abrir una discusión intensa en la provincia sobre el rol y las responsabilidades de los funcionarios públicos.
