La disolución de Vialidad Nacional, oficializada por decreto presidencial, encendió las alarmas en todo el país, especialmente en provincias como Santa Cruz, donde el organismo cumple un rol estratégico para el mantenimiento de las rutas y la seguridad vial. Ante esta situación, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales seccional Santa Cruz, Jaqueline Borquez, adelantó que solicitará al gobernador Claudio Vidal que encabece el reclamo contra esta medida.
“Necesitamos que el gobernador esté al frente de esta pelea”, expresó Borquez, y agregó que el pedido se lo transmitirá directamente en la reunión que mantendrán este lunes en Río Gallegos. “La lucha que estamos llevando adelante desde los organismos nacionales necesita que el gobierno provincial también se ponga a la cabeza, no solo por Vialidad, sino por todos los sectores que están siendo desmantelados”.
Borquez también apuntó contra los legisladores nacionales que acompañaron las leyes que habilitaron estos decretos. “A quienes levantaron la mano para que esto suceda, les pedimos que ahora la levanten para revertirlo. No pueden mirar para otro lado”, remarcó.
En paralelo, el sindicato avanza con presentaciones judiciales. Esta semana, se realizará una presentación en el Juzgado Federal de Río Gallegos, cuestionando la constitucionalidad del decreto. “Nuestros abogados analizan su legalidad porque se basa solo en la Ley 505, que creó Vialidad Nacional, pero ignora otra normativa anterior. Ese vacío puede ser clave para frenar la medida”, explicó la dirigente sindical.
El impacto de la disolución sería devastador en Santa Cruz: 160 trabajadores y trabajadoras quedarían sin empleo, distribuidos entre Río Gallegos, Caleta Olivia, Piedra Buena y Gobernador Gregores.
A esto se suma la preocupación por el estado de las rutas. “Tenemos más muertes en rutas en estos casi siete meses que en los últimos dos años. Las rutas no se mantienen solas. Cuando hablan de concesiones privadas, están mintiendo. Nadie va a venir a hacer este trabajo por dos pesos con cincuenta. Lo que hacen mis compañeros es complejo, caro y fundamental para la seguridad”, advirtió Borquez.
También denunció que el gobierno nacional retiene fondos que, por ley, deberían destinarse a Vialidad Nacional. “Hace más de un año y medio que el dinero del impuesto a los combustibles no se transfiere. Lo hemos reclamado formalmente, pero nunca obtuvimos respuesta”.
Desde el gremio adelantaron que las acciones judiciales serán replicadas en distintos puntos del país, con el objetivo de sentar precedentes y construir una estrategia colectiva que permita frenar el desguace de uno de los organismos más importantes para la infraestructura y seguridad vial de Argentina.
