En los últimos días, se generó una fuerte preocupación en Río Gallegos tras conocerse que el sacerdote José Carlos Jorge Aguilera Tassin, condenado por un tribunal eclesiástico por abuso sexual a menores, visitó la ciudad en el mes de mayo para participar de misas y charlas organizadas en el Colegio Fátima.
La información fue difundida por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, que alertó sobre el prontuario del religioso, acusado por al menos siete casos de abuso ocurridos entre 1996 y 1998. Aunque la causa penal prescribió, en 2020 un tribunal eclesiástico lo declaró responsable de los hechos, lo dimisionó del estado clerical y le prohibió desempeñar funciones religiosas o pedagógicas.
Según la denuncia pública, Aguilera Tassin habría sido invitado por la hermana Celestina Martínez, miembro de la congregación Hermanas Clarisas Franciscanas Misioneras del Santísimo Sacramento, para brindar charlas magistrales y actividades litúrgicas en el colegio.
Padres y madres del alumnado manifestaron su indignación al conocer los antecedentes del sacerdote. “Es como meter a alguien con problemas de juego en un casino”, señaló uno de los tutores en diálogo con Ciberperiodismo. Algunos expresaron que al ser advertidos de la situación decidieron no participar de las actividades, aunque lamentaron que no hubo respuestas oficiales claras ni acciones concretas por parte de la institución educativa.
Según relataron, la directora del colegio habría minimizado las acusaciones, afirmando que eran falsas y que “las redes mienten”, y que el sacerdote ya había sido perdonado. Sin embargo, los familiares piden documentación oficial que respalde esa afirmación. “Si lo perdonaron, que muestren el papel donde lo dice”, insistió uno de los denunciantes, quien aseguró haber investigado el caso durante más de una semana sin hallar respaldo oficial de su reintegración eclesiástica.
A pesar de que Aguilera Tassin no habría tenido contacto directo con los alumnos y alumnas, su sola presencia generó un fuerte repudio. La Red de Sobrevivientes recordó que “la prescripción no borra el delito ni el dolor de las víctimas” y que “quien abusa, no lo hace solo una vez”.
El tribunal eclesiástico que lo juzgó, además de retirarlo del estado clerical, consideró que el religioso representa un peligro y carece de arrepentimiento. En consecuencia, se le prohibió predicar en celebraciones litúrgicas, trabajar en seminarios e intervenir en actividades religiosas con la comunidad.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de mayor control, transparencia y responsabilidad en la organización de actividades religiosas y educativas en ámbitos donde hay presencia de menores.
fuente: gruponasser.com.ar
