La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha levantado la voz ante lo que consideran un flagrante acto de ilegalidad durante la reciente negociación paritaria en Santa Cruz, dejando entrever la posibilidad inminente de un paro general en la provincia.
Carlos Garzón, secretario general de ATE, ha denunciado enérgicamente la supuesta irregularidad ocurrida en la mesa de negociación entre el Gobierno y los sindicatos estatales. Según Garzón, el Ministerio de Trabajo no tendría la potestad de desempatar en tales situaciones, por lo que ha solicitado la convocatoria a una nueva reunión paritaria para abordar este asunto. En caso de no atender su reclamo, Garzón ha advertido sobre la posibilidad de un paro que afectaría tanto a la provincia como a los municipios.
El conflicto surge tras la aprobación de un acuerdo salarial del 20% en cuotas, el cual fue aceptado por los sindicatos APAP y UPCN, pero rechazado rotundamente por ATE. Esta situación generó un impasse, ya que el voto del representante del Ministerio de Trabajo fue determinante para cerrar la paritaria y validar la propuesta gubernamental, acción que ATE considera ilegal.
En una conferencia de prensa, Garzón argumentó que el Ministerio de Trabajo ha violado la Ley Nº 2986 de Convenciones Colectivas al intervenir en la negociación de manera parcial, dando por finalizada la discusión y respaldando el acuerdo propuesto por el gobierno provincial junto a dos sindicatos minoritarios.
ATE, como sindicato mayoritario que representa al 60% de los trabajadores estatales, sostiene su rechazo a las ofertas salariales presentadas hasta el momento, exigiendo una recomposición del 60 al 68% más una cláusula gatillo para hacer frente a la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ante esta situación, Garzón instó al gobernador a intervenir y convocar a un diálogo que permita resolver el conflicto de manera justa y equitativa. Sin embargo, en caso de no recibir respuesta satisfactoria en un plazo de 24 horas, ATE ha anunciado un paro general de 48 horas en municipios, el Estado Provincial y entes autárquicos, como medida de protesta y presión para ser escuchados en sus reclamos.
